La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador en conjunto con otras organizaciones del movimiento de mujeres del país, presentaron una demanda de inconstitucionalidad al artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), ante la Corte Constitucional, con el fin de lograr la despenalización total del aborto en Ecuador.
Las activistas argumentan la inconstitucionalidad del artículo 149 del COIP que dice claramente que abortar es un delito. Pues el artículo 66 de la Constitución señala: “Se reconoce y garantizará a las personas: 10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”. Este artículo define que las mujeres con embarazo no deseado y que deseen interrumpirlo, lo podrían hacer basadas en este artículo.
Asimismo, en el artículo 29.a. se menciona, el reconocimiento de que todas las personas nacen libres. En base a estos dos artículos, las activistas indican que el Ecuador no garantiza los derechos de libertad de las mujeres. Lizi Ernest, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres mencionó que, buscan una despenalización total del aborto, es decir, que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo.
Estadísticas
El 7,8% de las mujeres entre 15 y 19 años que se embarazaron fue con una persona de 30 años o más, según datos del Plan de Salud Sexual y Salud Reproductiva. La violación y la maternidad forzada frustran el proyecto de vida y restringe su educación. El 88,5% de mujeres en zonas rurales tienen menos acceso a información sobre educación en salud sexual.
Además, en el 2022, el Ministerio de Salud Pública señaló que hubo 101 muertes maternas, entre ellas una niña de 10 a 14 años, 13 adolescentes de 15 a 19 años y 28 jóvenes de 20 a 24 años. De estas, 18,81% son muertes de mujeres indígenas y el 8,91% de mujeres afroecuatorianas. Y 13 de estas muertes tuvieron relación con aborto en condiciones inseguras.
El acceso a una interrupción voluntaria del embarazo de forma segura y legal, en el marco del respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, debe ser garantizada. En Ecuador los derechos sexuales y reproductivos están condicionados por la situación económica, social, de género y étnica de las personas, donde muchas de las veces son factor para una toma de decisión.
