El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el pedido de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar con cinco votos a favor y uno en contra. Ahora el trámite de juicio político se remitirá a la Comisión de Fiscalización, que deberá iniciar con este proceso.
La solicitud fue presentada por la asambleísta Gissela Garzón, de la bancada de la Revolución Ciudadana, por el presunto incumplimiento de funciones. Ahora este pedido deberá sumarse a la lista de seis procesos pendientes en la Comisión de Fiscalización, que tiene a la legisladora del correísta Pamela Aguirre como la titular.
Ante esta decisión, la Fiscalía emitió un comunicado a través de su cuenta de X y respondió con críticas a la decisión del CAL y advirtió que el informe de la Unidad de Técnica Legislativa advertía que la solicitud no cumplía con los requisitos constitucionales. La entidad afirmó que la votación del CAL demuestra la “flagrante trasgresión al principio de independencia de funciones” donde la petición carece de argumentos jurídicos.
Entre las causales que sustentan la solicitud de juicio político a la fiscal está la falta de agilidad en los casos de connotación nacional, como el Caso Encuentro, que involucra al cuñado y círculo del expresidente Guillermo Lasso, en presuntos actos de corrupción; así como la crisis de seguridad que vive el país.
