La Comisión del Derecho a la Salud aprobó la noche de este miércoles 14 de octubre de 2020 el Informe no vinculante de investigación dispuesta por el Pleno de la Asamblea Nacional (AN) para fiscalizar la obtención irregular de carnés de discapacidad por funcionarios.
Los asambleístas revisaron expedientes de usuarios del Sistema Informático en Línea (SIL) y de personas con discapacidad.
Tras ello, identificaron a funcionarios no acreditados y sin perfil para ser calificador de la discapacidad, ausencia de documentos que respalden su calificación, porcentajes asignados que no guardan relación con lo expuesto en exámenes complementarios y certificados médicos y emisión de carnés durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso se encontraba suspendido.
«Un documento creado para proteger a las personas con discapacidad, no debe ser obtenido fraudulentamente ni utilizado para beneficio de quien no tiene esa condición», dijo la legisladora Rosa Isabel Verdesoto.
Igualmente, datos reveladores de procedimientos inusuales en los que 22 profesionales del Ministerio de Salud Pública (MSP) en su período laboral emitieron 29.708 carnés, de los cuales 3.000 carnés corresponden al período de pandemia.
En el Consejo de la Judicatura se registraron carnés de discapacidad asignados a 703 servidores, de los cuales 104 son jueces, 42 agentes fiscales y 19 notarios, sobre los cuales la Comisión no posee información detallada.
Los parlamentarios reiteraron al Pleno del Legislativo a que se proceda al enjuiciamiento político del ministro y exministra de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos y Catalina Andramuño, respectivamente; así como del presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Xavier Torres Correa, por incumplimiento de expresas disposiciones constitucionales y de la Ley Orgánica de Discapacidades.
Además, solicitan al Ministerio de Salud Pública un reporte actualizado del seguimiento a las denuncias que presentó la entidad en la Fiscalía General del Estado, respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29.708 carnés, de los cuales 2.454 presentaron irregularidades en total y se remita de carácter «obligatorio» a la Comisión del Derecho a la Salud.
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