Este miércoles 24 de septiembre de 2020 el Tribunal que sentenció el caso Sobornos en primera instancia, solicitó que se emitan las órdenes de captura a 18 de los 20 sentenciados, dispuso el traslado inmediato de Alexis Mera a la cárcel de Latacunga y que se deje de pagar las pensiones vitalicias al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas.
Maria del Mar Gallegos, abogada del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, sentenciado en calidad de coautor del delito de cohecho, quien debe cumplir 8 años de cárcel, relató a TuVozTV que este 23 de septiembre de 2020, alrededor de las 15:00, recibieron la providencia en donde se disponía el traslado al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.
“Él está realmente contando las horas que le quedan en libertad – en una aparente libertad, porque está en arresto domiciliario-, para poder estar con su mamá, ya que cuida de su madre”, comentó la abogada.
Según Gallegos, ingresaron un escrito para que no sea trasladado a Latacunga, sino cumpla su pena en Guayaquil, donde esta su domicilio, argumentando que tanto el Código de ejecución de penas, como las normas internacionales de derechos humanos, instan a que los privados de libertad sean ubicados en centros cercanos a sus familiares para que se cumpla su derecho a recibir visitas.
De momento, el domicilio de Mera está resguardado por un patrullero y 6 policías en el interior del domicilio, a la espera que se emitan las boletas de captura y se lleve a cabo el operativo.
Mera es uno de los pocos sentenciados en el caso Sobornos que se encuentran en el país, el 7 de septiembre escribió en su cuenta de Twitter: «Me iré a la cárcel sin haber visto un centavo, ni conocer ninguna estructura delincuencial, gracias a una justicia corrompida y funcional con la prensa»
La orden de localización y captura apunta también al exmandatario Rafael Correa, quien reside en Bélgica, y Jorge Glas, quien ya se encuentra cumpliendo una pena de seis años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebretch .
También se ordenó buscar y detener a los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte y Walter Solís; lo propio para la legisladora Viviana Bonilla y el exasambleísta Christian Viteri.
La Asamblea Nacional también será oficiada para «que de manera inmediata se tome nota de la situación jurídica» en torno a la Asambleísta Bonilla, quien perdería su curul, en aplicación del articulo 115 de la Constitución, que determina la existencia de una sentencia ejecutoriada como causal para perder el cargo.
En su cuenta de Twitter, la legisladora, de quien no se conoce su paradero, cuestionó el proceso y adelantó que iniciará acciones legales en el extranjero. Rodrigo Collaguazo, de las filas de Alianza PAIS, será su remplazo.
La sentencia también contempla la reparación económica al Estado por USD 14.7 millones, que será repartido en forma proporcional entre los sentenciados.
La Procuraduría General del Estado como acusadora particular, debe proporcionar un número de cuenta para que dentro de los próximos 30 días se concreten los pagos.
