La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (AN) recibió la tarde de este lunes 19 de octubre de 2020 los argumentos de cargo de los legisladores María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, solicitantes del juicio político contra la Ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Los asambleístas ratificaron que existieron presuntos incumplimientos de funciones de Romo durante las violentas protestas de octubre de 2019.
Gómez indicó que las acusaciones se enmarcan en el uso de bombas lacrimógenas caducadas contra manifestantes por parte de la Policía Nacional.
Según informes técnicos, esos dispositivos resultan letales en esas condiciones; además la obstaculización de tareas humanitarias, entre ellas la represión a un predio universitario y la falta de garantías de seguridad para los periodistas.
“No estamos juzgando a una persona, sino a una funcionaria que en nombre del Estado actuó de manera inadecuada, faltando a su deber de protección de la seguridad ciudadana”, enfatizó el legislador.
Gómez resaltó que, además de registrar dichos incumplimientos, se incluyen también otros elementos que inciden en la falta de probidad notoria de la funcionaria, como el presunto reparto de hospitales en el país, mejor conocido como el ‘Caso Pedernales’.
De su lado, Cuesta aseguró que la falta de probidad notoria de Romo no solo se evidenció en octubre de 2019, sino a lo largo de su ejercicio como ministra.
“El juicio debe centrarse en los hechos de octubre, pero yo pregunto ¿qué octubre?. Octubre de 2018, cuando permitió la fuga de Fernando Alvarado; octubre de 2019, cuando no pudo controlar a seguridad y el orden público; o más bien octubre de 2020, cuando aparece que su tío Andrés Romo está implicado en el reparto de los hospitales”, comentó Cuesta.
Luego, Naranjo aseveró que en octubre de 2019 el Gobierno sacó a la Policía para agredir a la ciudadanía, justificando su accionar en una supuesta violencia provocada por los manifestantes.
De su lado, la Secretaria de Estado se defendió en sus redes sociales desde el pasado 14 de octubre, justificando el uso de elementos de disuasión de los miembros de la Policía.
Para el sábado 31 de octubre de 2020 está fijada la comparecencia de Romo, quien ejercerá su derecho a la legítima defensa y presentará sus pruebas de descargo.
Entre el 1 y el 5 de noviembre próximo, la mesa valorará las pruebas que hayan sido aportadas al proceso, a fin de elaborar el informe que remitirá a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
