En rueda de prensa la Ministra de Gobierno María Paula Romo, presentó los resultados de investigaciones realizadas al manejo de los fondos del ISSPOL, “probablemente estamos hablando de una estafa” dijo la funcionaria de Estado.


Se enfocaron en dos grandes operaciones, efectuadas en 2014, 2015 y 2016, que involucran 532 millones de dólares.

La primera, es una operación SWAP en la que Isspol entregó 327 millones de dólares en bonos de deuda interna ecuatoriana a una empresa privada y esta le garantizó compensarlos con notas globales, es decir otros papeles.

La segunda, es una suma de varias transacciones de compra de deuda externa ecuatoriana, que suman 205 millones a lo largo de 3 años, explicó Romo. En este caso, el Isspol no le compró los bonos al Ministerio de Finanzas, sino a una empresa privada con un pacto de recompra a un valor nominal.

¿Qué tienen en común estas operaciones? Ambas empresas son representadas legalmente por el Señor Jorge Cherres Miño, y están domiciliadas en Panamá, además se estableció a Decevale ( El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores) como custodio de las compensaciones que debía recibir la Policía Nacional.

Según la Ministra Romo, al vencimiento de los papeles se volvían a entregar más pepeles al Decevale, lo que generó una alerta en la nueva administración, que solicitó que se cumpla con la obligación de entregar dinero al ISSPOL como rendimiento de sus inversiones.

Al momento los pagos dejaron de efectuarse y están vencidos por más de 100 millones de dólares.

Decevale fue intervenido por la Superintendencia de Compañías

Decevale fue intervenido el viernes pasado y y demandado por abuso de confianza por parte de la Superintendencia de Compañías; debe responder si hay las garantías suficientes para recuperar los 532 millones de dólares de los fondos de jubilación de la Policía Nacional.

La Ministra María Paula Romo, aseguró que a pesar del riesgo de estas dos operaciones “la jubilación de nuestros policías está garantizada, porque existe una ley que le obliga al estado a garantizar el pago”

“Ningún policía va a poner en riesgo su jubilación, pero si ese dinero no se recupera, a la sociedad, el Estado, va a tener que obtener esos recursos para compensar estas jubilaciones” apuntó.