Las mujeres rurales en Bolivia, Colombia y Ecuador se enfrentan a profundas desigualdades y desafíos que afectan su autonomía y bienestar. En Bolivia, un significativo 85.7% de las mujeres rurales trabaja en el sector agropecuario, pero solo el 45% posee tierras, reflejando una disparidad notable.
En Ecuador, esta cifra es aún más alarmante, con apenas el 12.71% de la tierra en manos de mujeres. Estos datos resaltan una desigualdad estructural que limita sus oportunidades económicas y su capacidad para tomar decisiones autónomas.
La violencia de género es otro grave problema. En Bolivia, el 74.7% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual, mientras que en Colombia se registra un feminicidio cada dos días, además de 33 agresiones sexuales diarias. En Ecuador, el crecimiento anual del femicidio es del 30%, y el 60% de las mujeres ha enfrentado alguna forma de violencia. Estos índices alarmantes subrayan la necesidad urgente de medidas de protección más efectivas.
En términos de educación y salud, solo el 2% de las mujeres rurales más pobres logra completar la educación secundaria, y el acceso a atención médica adecuada durante el parto es limitado, con solo el 30% recibiendo asistencia profesional. Además, el impacto del cambio climático intensifica su vulnerabilidad, ya que muchas dependen de la agricultura y los recursos naturales para subsistir.
Para abordar estas problemáticas, es esencial implementar políticas inclusivas que promuevan la igualdad de género y fortalezcan el liderazgo de las mujeres rurales, garantizando su acceso a recursos y protegiendo sus derechos. La equidad no solo es un imperativo moral, sino también una necesidad para el desarrollo sostenible de estas comunidades y sociedades en general.
