La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, en compañía del viceministro de Inclusión Social, Harold Burbano, presentaron en la Fiscalía general del Estado, presentaron una denuncia para que se investiguen presuntos actos de corrupción de fundaciones cooperantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que trabajan con grupos de atención vulnerable y prioritaria.
El presunto delito habría sido cometido, desde 2021, por funcionarios de administraciones pasadas, pero también de la actual. El antecedente es que, a finales de 2022, durante la administración de Esteban Bernal, se modificó el reglamento de convenios y se eliminó el requisito de tener, al menos, un año de creación para las fundaciones que lleguen a acuerdos con el MIES.
Ante esto, la titular del MIES indicó que, se logró identificar que, por el momento, 26 fundaciones con menos 1 año de creación y a las cuales se les asignó cerca de USD 4.5 millones por convenios de servicios. Perjudicando a más de 5.000 niños, adultos mayores y personas con discapacidad de las zonas 5, 3 y 1. Esto incluye a provincias como Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Carchi e Imbabura.
Aclaró que, lo primero que se hizo fue derogar esa reforma y establecer nuevamente el tiempo mínimo de vida jurídica que deben cumplir las organizaciones y fundaciones para poder brindar servicios. “Van a trabajar con grupos vulnerables y lo primero que deben tener es un tiempo mínimo de experiencia en ese ámbito”, señaló.
Rovira solicitó a la Fiscalía que se investigue y se hagan las pericias necesarias a los funcionarios y autoridades de administraciones anteriores y de la actual administración que tuvieron que ver o están relacionados con las creaciones de estas fundaciones y las firmas de convenios que se efectuaron para la entrega de recursos públicos.
Actualmente, el MIES mantiene convenios con alrededor de 1.400 cooperantes a escala nacional, entre organizaciones sociales, fundaciones y gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales. Esto representa una inversión de más de USD 150 millones anuales y una cobertura, con atención y servicios, para alrededor de 500 mil usuarios.
