Después de más de ocho horas de retomar el segundo y definitivo debate sobre el proyecto de Ley para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, suspendió la sesión por petición de la asambleísta Johanna Moreira.
Esto con la finalidad de que la Comisión de Justicia tenga un plazo máximo de ocho días para que recoja las observaciones del Pleno y elabore el texto final que será sometido a votación. En total, durante el debate, 52 asambleístas expusieron sus puntos, tanto a favor como en contra sobre este proyecto.
Actualmente el proyecto tiene dos informes, uno de mayoría y otro de minoría. El de mayoría establece que en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta la semana 22 de gestación; para mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante el procedimiento podrá hacerse hasta las 20 semanas.
Mientras, para las personas con discapacidad mental víctimas de violación se observará lo dispuesto en la Guía Práctica Clínica denominada “Atención del Aborto Terapéutico” expedido por el Ministerio de Salud.
En cambio, el informe de minoría plantea que los plazos para practicar este procedimiento sean de 6 semanas para las mujeres mayores de 18 años; y 12 semanas para las menores de 18 años y mujeres con discapacidad. Además, se requerirá que antes del procedimiento se realice una denuncia en contra del agresor.
A favor
Los legisladores a favor mencionan que se debe garantizar a la mujer la elección sobre su cuerpo y no ser obligada a ser madre por un acto de violación; señalando que hay niñas que se ven presionadas a ejercer la maternidad a tan temprana edad.
La asambleísta por Cotopaxi, Ana Herrera Gómez, manifiesta que la maternidad debe ser una elección y no una obligación a conservar un embarazo en contra de su voluntad. Además solicitó que se deje de lado las creencias individuales y se decida en favor de las mujeres.
Para la Asambleísta Nacional, Paola Cabezas, las víctimas sexuales sufren atrocidades y enfatizó que las mujeres afrodescendientes viven realidades complejas siendo doblemente revictimizadas.
La legisladora de Tungurahua Rosa Mayorga, asegura que hay aspectos en la ley que se están desinformando. Precisa que el proyecto no busca obligar a la mujer a interrumpir su embarazo en casos de violación ni criminalizar a los profesionales de salud.
En contra
Por su parte, los legisladores en contra mencionan que el aborto no es un derecho, sino una excepción y que hay que defender la vida. Hacen una crítica al informe de mayoría porque consideran que hay vacíos y condiciones que no se han estipulado.
El asambleísta por Pichincha, Jorge Pinto, señaló que la ciencia determina que existe vida desde la concepción; y que por lo tanto el informe de la mayoría no contempla requisitos violando la sentencia de la Corte Constitucional.
Asimismo, Pierina Correa, asambleísta nacional, considera que el aborto es muerte irreversible y enfatiza en que antes de que la madre tome una decisión debe haber un consentimiento informado. Esto para que las niñas y mujeres contemplen la opción de continuar con su embarazo y dar en adopción al niño.
Por otro lado, el Asambleísta por Guayas Ferdinan Álvarez cuestionó el informe de mayoría mencionando que no tiene fuentes ni criterios científicos y que responde solo a posturas políticas. Para Álvarez la ley regula solo lo general.
Tras las intervenciones, ahora el informe regresará a la Comisión de Justicia para que sea modificado y se elabore en informe final; mismo que será sometido a votación de los 137 asambleístas. De acuerdo a lo estipulado en la normativa, se necesitan mínimo 70 votos para aprobarla y que pase a manos del Ejecutivo.
