En el Complejo Judicial Norte de Quito, se reinstaló la audiencia de juicio en contra de Jorge Yunda y trece personas más por presunto peculado en la compra de 100 000 pruebas PCR para la detección de Covid-19. Con este son nueve días en los que el Tribunal ha escuchado a 16 de los 63 testigos de Fiscalía.
Durante esta mañana rindió su versión una perito contable quien estableció que los precios de los kits adquiridos por el Municipio de Quito fueron de $42,27. Mientras, que por la misma cantidad de pruebas de las mismas características el Ministerio de Salud los habría adquirido por $18.
Posteriormente, una perito traductora que realizó esta labor en dos documentos: una ficha técnica de las pruebas adquiridas (kit Isopollo) y la información de un artículo científico publicado referente a dichas pruebas rindió su testimonio. Allí determinó que el resultado de estos documentos “demuestra un bajo rendimiento clínico, con una sensibilidad de 61,9% para el ensayo RT-LAMP evaluado”. Contrario al 99% de sensibilidad solicitada por el Municipio.
El pasado 7 de octubre, rindió su versión el ex jefe de servicio de la Unidad Técnica de Genética Molecular del Hospital Carlos Andrade Marín. Mismo que por pedido de la Contraloría efectuó una revisión documental de las especificaciones técnicas del contrato de la Secretaría de Salud de Quito con Salumed S.A.
Allí, señaló que al revisar esta documentación el objeto del contrato precisa PCR Polimerasa. Sin embargo, ya en el producto, no se encontró en ninguna parte que se diga prueba PCR. Por lo que habría una diferencia entre lo que se solicitó y lo que se entregó pues “no es lo mismo PCR que RT-LAMP”. Hecho que caería en incumplimiento de contrato.
Por su parte, la defensa de los procesados asegura que un informe emitido por la Agencia de Control Sanitario (ARCSA) confirma que las pruebas adquiridas sí serían PCR e incluso contaban con registro sanitario.
La Fiscalía acusó a Yunda como autor mediato de este delito. Mientras que el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, quién se encuentra prófugo de la justicia; y Juan Vinelli, gerente de la empresa Salumed S.A con la que la Secretaría de Salud concretó la compra de dichas pruebas por casi 4,2 millones de dólares, serían los autores directos.
Además, la actual secretaria de salud, Ximena Abarca, la excoordinadora técnica de esta entidad, Linda Guamán y los demás implicados constan como coautores.
