La Fiscalía General del Estado en calidad de máxima de autoridad para procesar casos penales, investigación y juzgamiento de acciones penales, reinstaló la audiencia preparatoria donde se acusa a siete autores procesados, por presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Entre los acusados están el expresidente Abdalá B., su hijo, Jacobo B. P., Leandro B. (ex agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito) y cuatro personas más. Ellos presuntamente incurrieron en irregularidades en la negociación de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19.
Luego de nueve meses de que se cerraron los 120 días de instrucción fiscal, por el delito de delincuencia organizada, investigada para el expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo Bucaram, el juez penal de Pichincha instaló la audiencia preparatoria de juicio.
La noche de ayer, la Fiscalía General dio su dictamen acusatorio explicando que tiene más de cuarenta elementos implicados para imputar a los procesados.
Además, anunció que existen pruebas documentales, periciales y testimoniales que se utilizarán para la etapa de juicio, en el caso de que el juez acepte el pedido de esta entidad.
Se sabe que, las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones, se extendieron hasta el mes de octubre.
Según Fiscalía, los siete procesados, de alguna forma habrían participado en la planificación y ejecución de actividades delictivas, con la venta y comercialización de pruebas para Covid-19, material necesario para ayudar a frenar la curva de contagios durante la pandemia.
En este sentido, durante ese tiempo se conformó una estructura delictiva que se benefició en el ámbito económico, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Los agentes que participaron de este hecho, fueron los que se encargaron de brindar seguridad a Sheinman O. y Shy D. extranjeros israelís, quienes trasladaron pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil.
Por lo tanto, La Fiscalía emitió su dictamen acusatorio en base al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el que señala a todos los procesados como autores del delito de delincuencia organizada.
Este jueves 16 de septiembre se reinstaló la audiencia donde la defensa de los procesados dará a conocer sus pruebas.
