La jueza ponente Karla Andrade, culminó la audiencia de la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval, pasadas las 13h00 de este lunes 13 de septiembre. Esto en contra de la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha que restituyó en funciones a Jorge Yunda.
En la diligencia que duró más de tres horas, expusieron sus alegatos tanto la defensa de los demandantes como de los jueces que fallaron a favor de la acción de protección, del alcalde de Quito, Jorge Yunda y del concejal Fernando Morales.
Andrade otorgó un plazo de 3 días para legitimar las intervenciones de la audiencia. Mencionó que las partes involucradas podrán presentar los escritos que crean necesarios para ampliarlas. Además, aseguró que la causa continuará en etapa de sustanciación hasta que elabore un proyecto de sentencia que deberá ser conocido por el Pleno de la Corte Constitucional. Sin embargo, no existe una fecha determinada para que lo haga.
Dicho proyecto se aprobará con un mínimo de 5 votos favorables de los nueve magistrados que lo conforman. Mientras tanto, decenas de personas, tanto a favor como en contra del actual alcalde, se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional (CC).
Dicho proyecto se aprobará con un mínimo de 5 votos favorables de los nueve magistrados que lo conforman. Mientras tanto, decenas de personas, tanto a favor como en contra del actual alcalde, se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional (CC).
Intervenciones
Los primeros en tomar la palabra fueron los abogados Juan Francisco Guerrero y Emilio Suárez, representantes legales de Guarderas y Sandoval. Allí expusieron que, al aceptar la acción de protección de Yunda, se configuró una superposición de dos vías legales. Pues tanto el fallo del TCE como de la Corte Provincial buscaban verificar el procedimiento de remoción.
Además, aseguraron que con ello se vulneraron los derechos de ser juzgados por un juez competente, a obtener decisiones motivadas y a la seguridad jurídica. Esto debido a que era al Contencioso Electoral el organismo que le correspondía pronunciarse sobre las formalidades de remoción; y porque la Corte Provincial falló sobre otras razones y no por lo denunciado por Yunda, que era el informe de la comisión de mesa.
Por su parte, la jueza María Belén Domínguez, quien en primera instancia aceptó parcialmente la acción de protección de Yunda, aseguró que, en todo proceso, así sea uno político, se debe garantizar la imparcialidad. Derecho que, a decir de Domínguez, fue vulnerado ya que los integrantes de la Comisión de Mesa también son parte del Concejo Metropolitano, que votó a favor de la remoción el pasado 3 de junio.
Por su parte, la abogada Marcia Flores, defensa de los jueces de la Corte Provincial Cenia Vera y Raúl Mariño, se refirió a la negación de la Comisión de Mesa a la recusación que Yunda hizo en contra de Guarderas y mencionó que: “era la obligación de la Comisión de Mesa y del señor Santiago Guarderas contestar motivadamente este pedido de recusación. Pero dice que no tiene competencia y ordena devolver sin que el señor Yunda sepa porque se lo devuelve”.
Asimismo, Jorge Zavala, representante de Jorge Yunda, criticó que no se haya aceptado este pedido de recusación, pues alega que incluso en los controles políticos se debe garantizar el derecho a la imparcialidad. Mientras, la Procuraduría General del Estado señaló que en los procesos políticos y de fiscalización no cabe este pedido. Por lo que solicitó que se acepte la acción extraordinaria de protección y que se deje sin efecto la sentencia de la Corte Provincial.
De igual manera, el abogado del concejal Fernando Morales, Édison Carillo dijo que no se ha tomado en cuenta los sorteos irregulares por los que el caso llegó a manos de la jueza Domínguez. Acotó que la Comisión de Mesa era la única que podía realizar el informe que luego sería analizado por el Concejo. Finalmente, la procuradora Metropolitana, Gabriela Obando mencionó que la acción extraordinaria de Santiago Guarderas fue presentada de manera extemporánea, razón por la cual, la Corte Constitucional no debía aceptarla a trámite.
Por ahora, resta esperar que el juez Arturo Cabrera se pronuncie sobre la supuesta infracción electoral muy grave denunciada por Jessica Jaramillo y Sara Serrano en contra de Jorge, el cual tendría plazo hasta el 17 de septiembre. Aunque no existe un tiempo definido para que Andrade emita un pronunciamiento, el abogado constitucionalista Salim Zaidán, ha mencionado que la causa podría tardar entre 3 a 5 meses en resolverse.
