Ecuador es el quinto país con mayor flujo migratorio venezolano, según cifras oficiales emitidas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR). La última actualización de la institución muestra que 5,6 millones de venezolanos salieron de su país y se han desplazado por todo el mundo, principalmente hacia Latinoamérica.
Hasta el momento, en Ecuador se registran cerca de 362 mil ciudadanos venezolanos. De los cuales, 147 mil son niños y únicamente 13 mil de ellos están dentro del programa de protección a menores de la ACNUR.
El último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reflejó cifras alarmantes sobre la manera en la que llegan los niños y adolescentes al Ecuador.
Un recuento de la historia
Cada 4 de junio se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. En 1982, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró este día durante una histórica Asamblea General sobre los Derechos de los Niños para conseguir su protección en situaciones de guerra y conflictos. Para el organismo internacional, los menores son los más vulnerables en estas situaciones, ya que están expuestos a agresiones de diversos tipos.
15 años después, la ONU bajo la Resolución 51/77, en uno de sus puntos, instó a los gobiernos que presten atención a los niños refugiados y desplazados. Principalmente a su seguridad, salud, educación y rehabilitación psicosocial.
Si bien esta fecha fue declarada para concientizar la situación que viven los menores durante conflictos bélicos, debemos estar conscientes que durante una ola migratoria, los niños son “doblemente vulnerables y pueden sufrir violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, simbólica”, así lo asegura María de los Ángeles Páez, socióloga, facilitadora en desarrollo personal y experta en derechos humanos.
“Lo mejor es que un niño crezca dentro de su familia, dentro de su cultura, en su país, en su lugar de origen y lleno de afecto. Sobretodo, respeto; respeto a sus derechos y a su integridad”, explica Páez.
En busca de estos principios nació en Quito la Fundación Chamos Venezolanos. Una organización que tiene varios programas para ayudar a la inserción social, educativa y laboral de quienes llegan desde Venezuela.
Uno de sus primeros proyectos fue el Aula Móvil para nivelar académicamente a los niños y aumentar sus probabilidades de ingresar al sistema educativo ecuatoriano. En un principio, estas aulas estaban instaladas en parques. Actualmente, tienen instalaciones y 50 voluntarios que participan en actividades de música, juego y baile para rescatar las tradiciones de su cultura. Hasta el momento la fundación ha ayudado a más de 2 mil familias migrantes.
En el 2017, el gobierno de Lenín Moreno reconoció la libre movilidad humana a través de una Ley Orgánica y posteriormente con el Plan Nacional de Movilidad Humana. Este último incluye la protección y amparo a cualquier ciudadano para así garantizar sus derechos.
Esto permitió que durante la pandemia la población venezolana reciba servicios de salud gratuitos en hospitales públicos. Sin embargo, la socióloga Páez cuestiona que no se haya hecho un seguimiento de estos migrantes, ya que puede haber niños que se quedaron huérfanos porque sus padres murieron en la pandemia.
Para la experta, este plan tuvo problemas desde su concepción. “No ha habido un enfoque integral de derechos en la atención de los niños, sino un enfoque asistencial y caritativo”, argumenta.
Las organizaciones mundiales aseguran que este es el éxodo más grande en la historia reciente de la región y se espera que lleguen muchas más familias en búsqueda de una nueva oportunidad.
