Redacción: Carolina Méndez Machado
Los jueces de una Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sentenció al exconcejal Eddy Sánchez, a su esposa, su suegra y a sus tres hijos a seis años de prisión por el delito de lavado de activos.
Sánchez y su esposa fueron reconocidos como autores del delito, mientras que a sus hijos y suegra se les atribuyó el grado de coautores.
A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado destacó que la pena constituye 6 años de prisión para cada uno, además el grupo familiar deberá pagar una multa de 4’192.044,92 dólares.
En contexto
El pasado 15 de diciembre del 2020, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán Molina, acusó al exfuncionario y a su núcleo familiar como autores y coautores del delito de lavado de activos.
La fiscalía sostuvo que los acusados no fueron capaces de justificar el origen lícito de más de 1’803.651,43 de dólares, dinero que, según Fiscalía, fue utilizado por los ahora sentenciados, para la adquisición de bienes inmuebles entre los años de 2010 a 2017.
La sala penal determinó que el delito ascendió a más de 2 millones de dólares provenientes de bienes inmuebles, diferencias contables y valores de vehículos de alta gama.
Los sentenciados habrían encubierto estas acciones ilícitas a modo de, la compraventa en efectivo de lotes de terreno y departamentos, realizada entre padres e hijos, con reserva de usufructo, entre otros.
“Se habría intentado justificar el monto con declaraciones juramentadas de dinero supuestamente ahorrado, proveniente de sus abuelos; con giros y suscripción de letras de cambio sin sustento comercial, con supuestas remesas enviadas del exterior y con préstamo de dinero de amigos”, señaló el fiscal Santillán.
Sobre la pena
De acuerdo con el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) la sanción por el delito de lavado de activos corresponde a 13 años de presión. Por su parte, Fiscalía expresó que, al no existir circunstancias atenuantes o agravantes, se determinó la pena mínima de seis años de prisión, con base en la Ley de Lavado de Activos del 2010, vigente al inicio de los hechos.
