La violencia entre menores dentro del sistema educativo ecuatoriano ha encendido las alertas de padres, docentes y autoridades. Solo entre enero y junio de 2025, la DINAPEN detuvo a ocho estudiantes en diferentes provincias por tenencia ilegal de armas, incluyendo un caso extremo en Quito donde un alumno disparó presuntamente contra un docente. Esta realidad inquietante plantea una pregunta urgente: ¿dónde están los padres de estos jóvenes y qué está haciendo el Estado para protegerlos?
El panorama se agrava si se consideran los datos de la Fiscalía entre 2020 y 2024: 1.278 niños y jóvenes procesados por delitos relacionados con crimen organizado, incluidos homicidios y terrorismo. Lo más preocupante es que muchos de estos casos involucran a menores entre 15 y 17 años, pero incluso se han registrado delitos cometidos por niños de tan solo 10 años. Frente a este escenario, el gobierno ha impulsado reformas penales dentro de la Ley de Integralidad Pública para endurecer sanciones a menores involucrados en delitos.
La DINAPEN ha señalado que una de las causas de este deterioro en la seguridad escolar es la imposibilidad legal de ingresar a instituciones educativas para realizar operativos o actividades preventivas. Por ello, expertos recomiendan fortalecer la educación emocional y la capacidad de los docentes para identificar conductas de riesgo. La situación en el colegio Central Técnico de Quito, donde hubo un tiroteo y denuncias de reclutamiento por parte de bandas criminales, demuestra la urgencia de intervenir.
Ante el miedo de padres y docentes, algunos proponen revisar mochilas de forma rutinaria y brindar más herramientas a los profesores para garantizar un ambiente seguro. Mientras tanto, el Ministerio de Educación solo ha optado por suspender clases presenciales hasta el fin del año lectivo. Pero eso no resuelve la raíz del problema: la ausencia de medidas integrales que involucren al Estado, al sistema educativo y, sobre todo, a las familias.
