El matrimonio infantil sigue siendo una realidad que afecta a millones de niñas en el mundo. En países como Pakistán, la situación es alarmante: según datos de la organización ONU Mujeres, en 2024 se registraban cerca de 19 millones de niñas casadas, y 1 de cada 6 contrae matrimonio durante la infancia. A nivel global, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que aproximadamente 12 millones de niñas son obligadas a casarse cada año, una cifra que evidencia la magnitud de una práctica que vulnera derechos desde edades tempranas.
Aunque los mayores índices se concentran en regiones como África subsahariana y Asia del Sur, este fenómeno no es exclusivo de esos territorios. También se presenta en América Latina y el Caribe, e incluso en algunos países de Europa. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 1 de cada 4 niñas en América Latina y el Caribe entra en matrimonio o unión temprana antes de los 18 años, y es la única región del mundo donde esta práctica no ha disminuido en los últimos 25 años.
Además, la organización Girls Not Brides advierte que países como Níger, República Centroafricana y Chad registran algunos de los porcentajes más altos a nivel mundial, lo que evidencia que se trata de una problemática estructural.
Detrás del matrimonio infantil existen factores que se repiten: pobreza, falta de acceso a la educación, desigualdad de género y normas culturales que lo justifican como una forma de “protección” o incluso como una salida económica para las familias. Según organismos internacionales, estas uniones también están relacionadas con el embarazo adolescente y la violencia, generando un impacto directo en la salud, el desarrollo emocional y las oportunidades de vida de las niñas, que ven truncado su proyecto de vida desde edades tempranas.
En Ecuador, el matrimonio infantil está prohibido desde 2015 tras reformas legales impulsadas con observaciones del Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Sin embargo, especialistas advierten que estas prácticas aún persisten a través de uniones tempranas no formalizadas.
Cuando existe una persona adulta involucrada, estas relaciones constituyen una forma de violencia sexual, debido a la relación de poder que impide un consentimiento real. De hecho, el 90% de estas uniones involucran a hombres adultos, lo que refuerza la necesidad de visibilizar este problema y abordarlo como una vulneración de derechos, no como una práctica cultural.