Para la candidata a asambleísta por los cantones de Pichincha por el Movimiento Ecuatoriano Unido, Yadira Basantes, las cifras sobre violencia de género en el país son alarmantes.
Actualmente, el Gobierno nacional redujo en un 84% el presupuesto que la Ley de Erradicación de la Violencia de Género que se destinaba para la atención a las víctimas y sus familias.
Por ello, esto resultó “crítico” para la vida de muchas de las víctimas durante los meses de confinamiento provocado por la pandemia del covid-19, según la candidata, pues muchas de ellas se vieron forzadas a permanecer junto a su victimario, debido a su dependencia económica.
En lo que va del año, 116 mujeres han sido asesinadas como parte de la estadística de la violencia de género en Ecuador.
Esta situación se agravó durante los casi nueve meses desde la declaratoria de confinamiento, a partir de la pandemia.
Solo en este período, Fiscalía General del Estado reportó 11 feminicidios, mientras que la Alianza para el Monitoreo de Feminicidios informó de al menos 23 delitos de este tipo.
2556 denuncias por violencia física, sexual o psicológica también fueron determinadas por Fiscalía, mientras que el sistema ECU911 dio cuenta de más de 18 mil llamadas de auxilio por las mismas causas.
Devolver presupuesto para atención a víctimas
Basantes cree que contar con un presupuesto estatal, al menos cercano a las necesidades reales, podría ayudar a las familias de las víctimas, puesto que reactivarían los servicios de acogida, previstos por el Estado para recibir temporalmente a las mujeres afectadas y sus hijos.
Incentivos tributarios para generar empleos
La candidata propone además una legislación que ofrezca incentivos tributarios a las empresas o negocios que contraten a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, así “lograríamos que ellas puedan encontrar trabajo con mayor facilidad e independizarse de un circulo de violencia que muchas veces termina con su muerte, y la orfandad de sus hijos”, señaló.
Basantes estima que una reforma legal como esa no representaría carga alguna al Estado, pues solo estimula la contratación de mujeres en situaciones de riesgo. Incentivos de este tipo se aplican ya para activar la oferta de trabajo a personas con discapacidad.
Plan de trabajo
La propuesta de Basantes consta en su plan de trabajo legislativo, que estima también aspectos como la reactivación económica mediante acceso flexible a créditos, mayores oportunidades de educación para los jóvenes, y reformas legales para enfrentar efectivamente a la violencia criminal e intrafamiliar.
Leer más:
Candidata a asambleísta propone eliminar el examen Ser Bachiller: «tiene un tinte discriminatorio»
