Los escándalos de corrupción y el total alejamiento de las demandas de la ciudadanía han sumido a la Asamblea Nacional en una profunda crisis de legitimidad. En noviembre pasado, la encuestadora CEDATOS informó que la credibilidad del legislativo ecuatoriano se redujo al 2 %, al igual que la aprobación de su gestión, ubicándolas entre las más bajas de su historia.
Para Yadira Basantes, aspirante a Asambleísta por los cantones de Pichincha, por el Movimiento Ecuatoriano Unido, considera como una obligación el recuperar el sentido institucional y ético de la labor legislativa. “No podemos continuar impávidos ante diarias sorpresas de corrupción, como ese vergonzoso espectáculo del reparto de los hospitales a cambio de votos para salvar ministros. Un reparto que significó un desangre miserable de recursos que debieron ir a atender a los miles de ecuatorianos que murieron en las calles por falta de atención médica durante la pandemia, recursos que terminaron en los bolsillos de Asambleístas corruptos, con la anuencia de autoridades y ministros que lo facilitaron”, indicó.
Basantes insiste que esto debe cambiar, pero no se lo hará si la ciudadanía no aprende a distinguir entre la demagogia y las propuestas genuinas, efectivas, que hacemos grupos de ciudadanos que nos hemos organizado para representarlos y buscar el bienestar de todos. “Si no lo hacemos, seguiremos siendo representados por los mismos políticos de siempre, que como Asambleístas no han hecho nada en beneficio de la gente, que siendo elegidos por cantones, terminaron yéndose a vivir a mansiones, en zonas de lujo, pero distantes y ajenos de las necesidades reales de la mayoría de las personas que confiaron en ellos y les dieron su voto”.
Propuestas
Basantes encabeza la lista de Asambleístas por los cantones de Pichincha, junto a Édgar Constante y Adriana Osorio. Entre sus propuestas constan la activación económica; la eliminación de pruebas discriminatorias que limitan el acceso a la educación universitaria; un marco legal que fortalezca la lucha contra la delincuencia, la inseguridad y la violencia intrafamiliar, y una lucha permanente con la corrupción, a través de una fiscalización permanente a autoridades nacionales y seccionales.
