El pasado viernes venció el plazo establecido en el Decreto Ejecutivo que disponía que la vicepresidenta Verónica Abad se presentara como consejera económica en la misión diplomática de Ecuador en Turquía. Sin embargo, la vicepresidenta solicitó vacaciones hasta el 3 de enero, una decisión que ha generado debate sobre su cumplimiento de las disposiciones legales.
A través de su defensa técnica, Abad argumentó que se acogerá al plazo de 30 días estipulado en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Ecuatoriano, que permite a los funcionarios designados preparar su traslado antes de presentarse ante la jefatura de misión. Además, este artículo establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe coordinar y facilitar el proceso logístico, un paso que es crucial para el cumplimiento de esta normativa.
De no presentarse en el plazo estipulado por la ley, su designación como consejera económica podría ser revocada automáticamente, dando inicio a un proceso disciplinario liderado por la Cancillería y el Ministerio de Trabajo. La vicepresidenta ha invocado principios constitucionales, afirmando que las leyes orgánicas, como la Ley del Servicio Exterior, prevalecen sobre decretos ejecutivos, según los artículos 424 y 425 de la Constitución.
La situación plantea un desafío operativo para el Gobierno, ya que la falta de presentación genera incertidumbre sobre el cumplimiento del rol asignado a la vicepresidenta en Turquía. Mientras tanto, la solicitud de vacaciones y la extensión del plazo amparado por la ley han alimentado el debate jurídico y político en el país.
