Luego de casi cinco horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales resolvió por unanimidad negar la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad, quien buscaba revertir los decretos de Daniel Noboa que le impiden asumir temporalmente la Presidencia durante el actual periodo electoral. Este fallo representa un nuevo revés en la disputa legal entre ambos mandatarios, enfrentados desde antes de asumir sus cargos.
La jueza ponente explicó que el decreto 500, mediante el cual Noboa delega la Presidencia a una «vicepresidenta encargada» durante su campaña, es «objeto de control abstracto de constitucionalidad», por lo que el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre su legalidad. Asimismo, determinó que el traslado de Abad a Turquía como consejera de la Embajada de Ecuador en Ankara no vulneró sus derechos, ya que su cargo tiene rango diplomático.
Inicialmente, Noboa designó a la secretaria nacional de Planificación, Sariha Moya, como vicepresidenta encargada. Posteriormente, el cargo fue asumido por la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, quien ha recibido el mando en los fines de semana en que el presidente ha realizado actividades electorales. Noboa sostiene que tiene la facultad de delegar la Presidencia a quien ejerza la Vicepresidencia de manera interina, sin que esto implique que deba ser la persona electa junto a él.
Abad ha calificado esta situación como un «golpe de Estado» y ha solicitado la intervención de la OEA, alegando una ruptura del orden constitucional. Tras conocer la resolución judicial, expresó en redes sociales: «Luego de una larga espera, hemos obtenido una sentencia negativa. La lucha continúa, para que una mujer que sea electa democráticamente nunca pueda ser objeto de discriminación o degradación. Ecuador necesita más democracia». Su abogado ha confirmado que apelarán el fallo.
