Las cifras oficiales del Ministerio del Interior revelan una realidad preocupante: entre enero y agosto de 2025, 510 mujeres fueron asesinadas en Ecuador. La mayoría de estos casos —450— estuvieron vinculados a la delincuencia común, lo que refleja cómo las dinámicas criminales afectan de forma directa y desproporcionada a las mujeres. Dentro de este grupo, se identificaron 309 muertes relacionadas con amenazas, 122 con tráfico interno de drogas y 12 en contextos de robo a personas. Cada número representa un rostro, una historia y una familia marcada por la violencia.
A esta problemática se suma la violencia intrafamiliar, responsable de 39 muertes en el mismo período. Aunque la cifra parece menor en comparación con los delitos comunes, su impacto social es profundo, pues evidencia que el hogar, que debería ser un espacio de seguridad, muchas veces se convierte en el lugar más peligroso. Estas muertes no solo revelan la fragilidad de los mecanismos de protección, sino también la urgencia de atender de manera integral la violencia de género en todas sus formas.
El análisis territorial muestra que la violencia contra las mujeres se concentra principalmente en ciertas provincias. Guayas encabeza la lista con 253 muertes, seguido de Manabí con 67, El Oro con 32 y Pichincha con 26. Estas cifras reflejan no solo la magnitud del problema, sino también la necesidad de políticas focalizadas en las zonas más afectadas, donde la criminalidad y la violencia social encuentran terreno fértil.
En cuanto al tiempo, mayo fue el mes más violento con 98 muertes registradas, mientras que agosto se posicionó en segundo lugar con 72. Este comportamiento temporal demuestra que los picos de violencia no son lineales, sino que responden a dinámicas específicas del crimen organizado y de los conflictos sociales. Reconocer estas tendencias es clave para diseñar estrategias preventivas más efectivas, que permitan anticipar y reducir la pérdida de vidas.