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viernes, abril 4, 2025
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Se prohíbe el uso de celulares en las aulas

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El Ministerio de Educación ha anunciado una nueva política sobre el uso de celulares en las instituciones educativas del país, que se implementará progresivamente a partir del nuevo ciclo escolar 2025-2026 en la región Costa y Galápagos. Esta medida busca regular el uso de estos dispositivos dentro de los planteles, con el objetivo de promover un entorno de aprendizaje más seguro y libre de distracciones. Para ello, se priorizarán las condiciones de seguridad de los dispositivos y se establecerán normas claras según el nivel educativo.

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El Ministerio de Educación ha anunciado una nueva política sobre el uso de celulares en las instituciones educativas del país, que se implementará progresivamente a partir del nuevo ciclo escolar 2025-2026.

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De acuerdo con la disposición oficial, los estudiantes de Básica Superior (octavo, noveno y décimo) no podrán llevar celulares al colegio, mientras que los alumnos de Bachillerato tendrán autorización para usarlos, siempre que sea con fines pedagógicos o de investigación. Esta diferenciación busca garantizar un uso más maduro y controlado del dispositivo, alineado con el desarrollo académico de los estudiantes. Previo a la implementación, se impartirán talleres de capacitación tanto a padres como a alumnos para fomentar el uso consciente y educativo de la tecnología.

La decisión responde también a recomendaciones internacionales. Tanto la Unesco como la OCDE coinciden en que el uso inadecuado del celular en las aulas impacta negativamente en el rendimiento académico, además de convertirse en una fuente de distracción constante. La ministra Alegría Crespo también alertó sobre el principal riesgo detectado: el ciberacoso. Según datos oficiales, cuatro de cada diez estudiantes han sido víctimas de acoso sexual a través de redes sociales, lo que refuerza la necesidad de acompañamiento y formación previa.

Con el fin de proteger los equipos y evitar robos, se contempla la instalación de casilleros o lockers en los establecimientos educativos. Esta medida se inscribe dentro de una política educativa más amplia, que no busca prohibir la tecnología, sino adaptarla al proceso de aprendizaje de forma segura, responsable y efectiva. El reto ahora está en preparar a toda la comunidad educativa para asumir con compromiso este nuevo modelo de convivencia digital.

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