La brutal pelea entre dos estudiantes en el parque Itchimbía de Quito ha encendido las alarmas sobre la violencia escolar y las responsabilidades que existen incluso entre adolescentes. El hecho, que ocurrió a plena luz del día y duró varios minutos sin intervención de seguridad, terminó con una de las jóvenes separada de su institución educativa. Pero más allá de la sanción administrativa, ¿qué otras consecuencias pueden existir?
El abogado Santiago Becdach explica que, aunque se trate de menores de edad, sí existen acciones legales cuando hay agresiones. El primer paso es un examen médico legal que determine si hay lesiones importantes. Si las hay, el fiscal puede calificar el hecho como contravención o incluso delito. En ese caso, la agresora sería juzgada como adolescente infractora, con sanciones que, aunque diferentes a las de un adulto, sí pueden implicar internamiento en centros especializados, trabajo comunitario o asistencia psicológica obligatoria.
Becdach añade que los padres del agresor podrían también enfrentar responsabilidades, como cubrir los gastos médicos de la víctima. Además, señala que el parque Itchimbía —administrado por el Municipio de Quito— debe responder por la falta de acción del personal de seguridad durante los casi diez minutos que duró la agresión. Este hecho ocurrió en horario pico de salida escolar, lo que hace aún más urgente revisar los protocolos de protección en espacios públicos.
Frente a esta realidad, la Unión Nacional de Educadores (UNE) insiste en declarar en emergencia el sistema educativo ecuatoriano. El gremio plantea un Plan de Seguridad Escolar que incluya gestión de riesgos, reformas en los contenidos educativos, protección ante amenazas y mayor vínculo con la comunidad. Porque más allá de la sanción, este caso nos recuerda que la violencia adolescente sí tiene consecuencias legales —y que la prevención debe empezar hoy.
