La Asamblea Nacional inició este lunes, 16 de junio de 2025, el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente. Esta normativa abarca reformas en el sistema de compras públicas, evaluación del talento humano y medidas contra la corrupción. Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor debate es la propuesta de juzgar como adultos a los adolescentes infractores en delitos cuya pena supere los 10 años, de acuerdo con el Código Penal.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, defendió esta disposición señalando que el objetivo es frenar el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Durante su intervención, explicó que muchos adolescentes están siendo utilizados como “carne de cañón” por las mafias y reciben pagos que van desde los USD 2.000 hasta los 3.000 mensuales, además de incentivos como vehículos, ropa o terrenos. Según Centeno, endurecer las sanciones busca desalentar esta práctica y recuperar el orden y la disciplina en el país.
Como medio, consideramos que el tratamiento legal de los adolescentes debe responder a su condición particular. La actual legislación reconoce que los menores de edad están en proceso de desarrollo y, por tanto, requieren un sistema especializado. El enfoque penal juvenil no es sinónimo de impunidad, sino de una responsabilidad diferenciada que incluye medidas privativas de libertad, pero también programas de reinserción social. En Ecuador, los adolescentes pueden recibir hasta 8 años de internamiento por delitos graves, según el Código de la Niñez y Adolescencia.
El debate no debe limitarse a sanciones más duras, sino incluir las causas estructurales que facilitan la vinculación de menores con grupos criminales. De acuerdo con datos oficiales y de organismos internacionales, muchos adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos de pobreza, abandono escolar y desintegración familiar. Por eso, es fundamental que cualquier reforma legal esté acompañada de políticas públicas integrales en educación, protección social y oportunidades económicas, que reduzcan las condiciones que favorecen su reclutamiento por el crimen organizado.
