El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, ordenó prohibición de salida del país, uso de dispositivo electrónico de vigilancia y presentaciones ante la autoridad (lunes, miércoles, viernes y domingo, este último en la Unidad de Flagrancia) para el alcalde de Quito Jorge Homero Y. M. Mientras que para Ximena A., secretaria de Salud del Municipio de Quito, Jéssica C. y Marco R. se dictó prisión preventiva.
A Jéssica C. encargada de Compras Públicas; y Marco R., excoordinador jurídico también se dictó prisión preventiva.
Previa a la audiencia de vinculación el Alcalde de Quito escribió en su cuenta de twitter que la adquisición de pruebas COVID protegieron a los quiteños.
La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó al alcalde de Quito, Jorge Homero Y. M., como presunto autor mediato, y a otras seis personas como presuntos coautores a la instrucción fiscal abierta por peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19. La adquisición, realizada a la empresa Salumed S. A., habría representado un perjuicio para el Estado de 4’226.800 millones de dólares.
Para Linda G., coordinadora técnica de la Secretaría de Salud; Daisy H., administradora del contrato; y Erik A., excoordinadora jurídica; también se dispuso presentaciones periódicas, pero solo los viernes, además del uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país.
Para todos los procesados se ordenó la inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes por 5 millones de dólares.
Las personas vinculadas a este proceso penal habrían terminado, el 20 de julio de 2020 –por mutuo acuerdo– el ‘Contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de Covid-19 por PCR polimerasa’, suscrito entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A.
Lo que correspondía, según las investigaciones de Fiscalía, era dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales.
En lugar de entregar las pruebas PCR Polimerasa, como consta en el contrato, la empresa entregó pruebas RT LAMP, que tienen menos porcentaje de detección del virus. Es decir, había que duplicar el procesamiento de cada prueba, debido a su baja sensibilidad.
Este posible incumplimiento de las especificaciones técnicas era de conocimiento del Alcalde de Quito y de la Secretaria de Salud, quienes habrían intercambiado mensajes vía WhatsApp, respecto a que las pruebas entregadas no eran las constantes en el objeto del contrato. Sin embargo, decidieron validarlas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo.
La investigación previa de este caso inició el 26 de mayo de 2020 y se formularon cargos el 13 de noviembre de 2020. El delito de peculado se sanciona con prisión de diez a trece años, según el inciso primero del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
