La presencia de una niña de tres años bajo el cuidado de un adulto en evidente estado de embriaguez, en el sector de San Juan de Cumbayá, evidenció los graves riesgos que enfrentan las menores cuando quienes deben protegerlas no se encuentran en condiciones adecuadas. Esta situación la expuso a peligros como accidentes, violencia, abandono y otras amenazas que podían comprometer su integridad y su vida.
El consumo de alcohol reduce la capacidad de reacción, juicio y responsabilidad del adulto a cargo, incrementando el riesgo de caídas, atropellamientos, desorientación o emergencias que no podrían ser atendidas a tiempo. Además, vivir en un entorno de calle y consumo vulnera derechos fundamentales de la niña, como el derecho a la protección, a la salud, a un ambiente seguro y a un desarrollo integral.
La Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia establecen que el interés superior de la niña debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Cuando una menor se encuentra en una situación de riesgo, el Estado tiene la obligación de intervenir y activar los protocolos de protección para salvaguardar sus derechos y garantizar su bienestar.
Tras la intervención policial, la niña fue trasladada al Hospital de Yaruquí, donde recibió una valoración médica completa para verificar su estado de salud. Posteriormente, fue entregada a personal especializado de la Dinapen, entidad que inició los trámites legales correspondientes para garantizar su protección y definir las medidas de acogimiento necesarias.