Los ministerios de Defensa y del Interior han solicitado que se revoque la sentencia de habeas corpus dictada por la jueza Tanya Loor, quien declaró la desaparición forzada de los cuatro niños de Guayaquil. Los menores, Ismael y Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, fueron detenidos por 16 militares en diciembre de 2024, pero su paradero se perdió tras ser dejados en libertad en la zona de Taura. Ante la falta de respuestas sobre su ubicación, los padres interpusieron una acción legal que resultó en una sentencia que responsabilizaba al Estado.
En su resolución, la jueza Loor concluyó que había suficientes indicios de que los militares no cumplieron con los protocolos para la detención y liberación de los menores, lo que daba pie a la desaparición forzada. Sin embargo, los representantes de los ministerios, la Procuraduría General del Estado y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas han argumentado que la jueza se excedió en sus competencias al atribuir responsabilidad al Estado. Según ellos, esta determinación debe ser objeto de un proceso penal, y no de un habeas corpus, ya que el propósito de esta acción es garantizar la libertad personal y no emitir juicios sobre culpabilidad.
La abogada Jéssica Vergara, representante del Ministerio del Interior, señaló que la sentencia de la jueza adelantaba una imputación penal que no correspondía en este ámbito. Además, recalcó que la Fiscalía ya había iniciado una investigación por desaparición forzada, por lo que la sentencia no solo era prematura, sino también inapropiada. Según los defensores del Estado, la jueza actuó fuera del marco de la ley y no consideró las investigaciones en curso.
Por su parte, días después de la sentencia, el hallazgo de cuerpos calcinados en una zona cercana al lugar de la desaparición, que posteriormente fueron identificados como los de los menores, ha complicado aún más el caso. Esto ha incrementado la presión sobre las autoridades para esclarecer las circunstancias exactas de la desaparición y la muerte de los niños. La situación sigue siendo un tema de intenso debate legal y político en Ecuador.
