La sentencia del caso Las Malvinas condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada de cuatro menores, mientras que otros cinco recibieron penas reducidas de 30 meses por su cooperación eficaz con la Fiscalía y uno fue declarado inocente. El fallo fue emitido por el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, con sede en Guayaquil, dentro del juzgamiento de 17 militares procesados.
@tuvoz.tv La sentencia del caso Las Malvinas condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada de cuatro niños, mientras que otros cinco recibieron penas reducidas de 30 meses por su cooperación eficaz con la Fiscalía y uno fue declarado inocente. El fallo fue emitido por el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, con sede en Guayaquil, en el juzgamiento de 17 militares procesados por los hechos que conmocionaron al país.
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Las víctimas, Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, solo habían salido a jugar fútbol en un barrio pobre del sur de Guayaquil. No existía delito alguno que justificara su retención. Aun así, fueron detenidos por una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea, quienes los condujeron a un lugar desolado en las afueras de Taura, en el cantón Naranjal, donde fueron insultados, golpeados y sometidos a la simulación de una ejecución extrajudicial, según consta en testimonios, chats y un video.
Los restos calcinados de los cuatro menores fueron hallados días después, el 24 de diciembre de 2024, entre manglares, en un sitio de difícil acceso ubicado a 11 kilómetros al sur de Taura. La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, solicitó penas diferenciadas de acuerdo con el grado de participación de cada uno de los procesados, pedido que fue acogido por el tribunal.
Esta sentencia adquiere especial relevancia luego de que en enero, el ministro de Defensa, mencione públicamente, en cadena nacional, que se sancionará la decisión de la jueza tras generar una persecución política hacia las fuerzas armadas y que se llegará hasta las últimas consecuencias.
Hoy, la condena reafirma quees son sujetos de derechos y no objetos, y que el Estado tiene la obligación de protegerlos. Como medidas de reparación, el tribunal ordenó disculpas públicas, una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, la colocación de una placa con los nombres de las víctimas y capacitaciones obligatorias en derechos humanos para el personal militar.