Jorge Yunda Machado, alcalde electo del Distrito Metropolitano de Quito, es investigado desde el año 2020 junto con otros funcionarios de la Secretaría de Salud, por la Fiscalía Nacional del Estado, por presunto peculado en la adquisición de pruebas PCR para detectar el Covid-19.
El pasado 16 de febrero, la administración de justicia dictó una serie de medias cautelares alternativas a la prisión preventiva, en contra de Yunda, que establecen la prohibición de salida del país, el uso de un grillete electrónico y la presentación ante autoridades judiciales cuatro veces por semana.
David Meza, jurista que formó parte de la audiencia de vinculación en contra del alcalde de Quito, durante una entrevista en el programa “A Primera Hora”, transmitido por Radio Majestad, dijo que este proceso legal corresponde a una criminología política y un litigio desproporcional, debido a que los casos de corrupción no verificados en funcionarios públicos, no deberían ser estrictamente relacionados con normas que impliquen privación de libertad, como el uso de grillete electrónico.
De acuerdo con Meza, la implementación de dicho grillete usado para geolocalización, no se justificaría si Yunda tendría la obligación de acceder 4 días por semana ante la autoridad judicial. Señaló también que, las medidas son desproporcionales al no tomar en cuenta su rol como Alcalde y la situación sanitaria generada por la propagación del SARS – Cov-2.
El jurista aseguró que las medidas hacia todos los procesados por fiscalía radican en la orden de inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes por USD 5 millones.
Ante ello, el burgomaestre se manifestó en sus redes sociales y solicitó que se fije fecha y hora a la que debería acudir para la colocación del aparato electrónico de monitoreo. Pues Pablo Albán, su abogado, anunció que Yunda no ha sido notificado todavía para el emplazamiento del grillete electrónico, medida dispuesta acorde al numeral 4 del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal.
