El Gobierno Nacional ha revelado una cifra alarmante: 7.023 casos de violencia sexual se han cometido dentro del sistema educativo ecuatoriano, según datos presentados como sustento del proyecto de reforma parcial al artículo 393 de la Constitución, que busca permitir la castración química en casos de violación. Esta propuesta fue enviada a la Corte Constitucional para su respectivo control previo, como parte de una estrategia enfocada en endurecer las sanciones contra delitos sexuales.
En el detalle de las cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, 3.214 denuncias responsabilizan a docentes, 109 a autoridades educativas, 100 al personal administrativo, 163 al personal de limpieza, y 3.437 casos involucran a compañeros de aula. Todos estos casos se desarrollaron dentro de espacios educativos, lo que refleja una grave falla estructural en la protección de los estudiantes y un entorno donde las niñas, niños y adolescentes no se sienten seguros.
Por otro lado, el sistema informático de la Función Judicial (SATJE) reporta que, entre el 10 de agosto de 2014 y el 31 de mayo de 2025, se registraron 71.270 procesos judiciales por delitos sexuales, de los cuales el 22% corresponde a víctimas menores de edad. Además, cifras del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía confirman que, de cada 10 víctimas de violación, 6 son niñas, niños o adolescentes, lo que refuerza la urgencia de tomar medidas más severas para frenar este tipo de crímenes.
La propuesta del Ejecutivo incluye, además de la castración química para quienes tengan sentencia ejecutoriada por violación, la creación de un registro confidencial de agresores sexuales, con el fin de prevenir su cercanía o vinculación con actividades que involucren menores. Según datos técnicos presentados, la castración química o quirúrgica puede reducir las tasas de reincidencia de hasta un 50% a menos del 5% en agresores sexuales reincidentes, especialmente en casos de pedofilia. Esta medida ya ha sido implementada en otros países como parte de una política integral de protección a la niñez.
