La desnutrición crónica infantil (DCI) sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en Ecuador. Según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (2023), el 20,1% de los niños menores de 2 años la padece actualmente. Este retraso en el crecimiento tiene efectos irreversibles, y sus consecuencias se extienden a lo largo de toda la vida: desde dificultades de aprendizaje hasta enfermedades no transmisibles como diabetes o hipertensión. Además, afecta negativamente la productividad del país, representando pérdidas equivalentes al 4,3% del PIB, según cifras de UNICEF.
Las causas de la DCI son múltiples y complejas: alimentación insuficiente en los primeros mil días de vida, enfermedades frecuentes, escaso acceso a agua potable, saneamiento básico y servicios de salud. Por eso, organismos como la OPS/OMS y UNICEF insisten en aplicar un «paquete priorizado de prestaciones», que garantice atención de calidad a madres gestantes desde el primer trimestre del embarazo, así como un control riguroso de salud y nutrición para los bebés durante sus primeros dos años.
La lactancia materna, por su parte, es un factor determinante. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 reveló que solo el 46,4% de los bebés ecuatorianos reciben lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses. Este indicador, aún por debajo del objetivo global del 50% para 2025, requiere mayor apoyo institucional. UNICEF recomienda impulsar políticas públicas que protejan y promuevan la lactancia, como garantizar licencias adecuadas, regular la comercialización de sucedáneos de leche y certificar establecimientos de salud como «Amigos de la Madre y del Niño».
El entorno también influye profundamente. En las comunidades rurales, 8 de cada 10 niños indígenas carecen simultáneamente de agua segura, saneamiento e insumos de higiene, lo que agrava el riesgo de enfermedades diarreicas —una de las principales causas de desnutrición crónica—. Además, se estima que los niños afectados por DCI pierden, en promedio, 1,3 años de escolaridad a lo largo de su vida, limitando sus oportunidades futuras de empleo y desarrollo personal. A nivel nacional, el INEC indica que 2,6 millones de niños y adolescentes viven en hogares sin acceso a servicios básicos. Prevenir la DCI no es solo un tema de salud, sino un compromiso social, político y económico que exige continuidad en las políticas públicas y acción coordinada entre todos los sectores.
