La defensa de las familias de los cuatro niños asesinados tras un operativo militar en Guayaquil exige que la Fiscalía inicie una investigación por ejecución extrajudicial. Según Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y representante legal de las familias, los informes forenses deben esclarecer si los menores fueron víctimas de tortura antes de su muerte. Este caso, según Aguirre, revela posibles graves violaciones de derechos humanos que requieren atención urgente.
Los menores, identificados como Ismael y Josué Arroyo Bustos, de 15 y 14 años; Steven Gerald Medina Lajones, de 11; y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero, de 15, fueron aprehendidos el 8 de diciembre de 2024 en un operativo militar en el sur de Guayaquil. Sus cuerpos incinerados fueron encontrados semanas después en una zona agreste de Taura, en la provincia de Guayas. La defensa insiste en que, además del proceso por desaparición forzada, debe abrirse uno nuevo que investigue las circunstancias de su muerte como una posible ejecución extrajudicial.
En paralelo, los abogados de las familias presentarán una acusación particular que permitirá a las víctimas ser parte activa del proceso legal y exigir medidas de reparación integral. Estas incluyen una compensación económica basada en los proyectos de vida truncados y el daño irreparable causado. Aguirre subraya que este paso es esencial para garantizar justicia y reparación para los familiares.
Este caso ha generado conmoción por las denuncias de irregularidades en el operativo militar y las condiciones en las que se hallaron los cuerpos. Para los representantes legales, la apertura de una investigación por ejecución extrajudicial es fundamental para esclarecer los hechos y evitar que crímenes de esta magnitud queden impunes.
