La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño por incurrir en violencia obstétrica y violar los derechos humanos de Beatriz, una joven obligada en 2013 a llevar a término un embarazo que ponía en riesgo su vida, pese a la inviabilidad del feto. La defensa de Beatriz considera que esta sentencia, aunque no menciona expresamente el derecho al aborto, establece un precedente histórico en América Latina al tratar el aborto como un servicio de salud pública que debe ser garantizado.
El caso de Beatriz, quien padecía lupus y gestaba un feto con anencefalia, evidenció la falta de garantías legales para proteger su salud y su vida. Aunque un comité médico recomendó la interrupción del embarazo, las leyes restrictivas de El Salvador y la negativa de la Sala Constitucional impidieron el procedimiento. Beatriz dio a luz a la bebé, quien falleció cinco horas después, mientras su salud e integridad personal quedaron gravemente afectadas.
La Corte IDH determinó que El Salvador es responsable internacionalmente por no garantizar los derechos de Beatriz, ordenando al Estado establecer protocolos médicos y judiciales para evitar que casos similares se repitan. También dispuso reparaciones para la familia de Beatriz, quien falleció en un accidente años después de los hechos. Para activistas como Morena Herrera, esta decisión representa justicia para Beatriz y un cambio potencial para las mujeres de la región que enfrentan leyes antiaborto igualmente restrictivas.
Este fallo sienta un precedente vinculante para los países que suscriben la Convención Americana de Derechos Humanos, exigiendo a los Estados garantizar el acceso a servicios de salud que protejan la vida y la integridad de las mujeres. Según Herrera, este avance puede generar estándares replicables en otros países de América Latina, beneficiando a miles de mujeres expuestas a riesgos mortales por legislaciones restrictivas.
