El juez Carlos Fuentes, de la Unidad Judicial Civil, del Distrito Metropolitano de Quito, aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados a las y los servidores públicos del país, declarando la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica.
Como medidas de reparación y de conformidad a lo establecido en la Constitución de Ecuador, se dispuso:
- Que el Presidente de la República, en su calidad de responsable de la administración pública, defina con sus ministros, políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos del país.
- Al Ministro de Finanzas, cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público, tanto de las administraciones centrales como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
- Que se disponga también el pago de los valores del seguro social obligatorio de las y los servidores públicos.
- Que el Ministro de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones en los primeros cinco días de cada mes a toda la nómina del sector público del país, y que el ministro de trabajo aplique el control efectivo de cumplimiento de esta disposición.
Los servidores públicos han realizado diferentes protestas en las calles para exigir que el gobierno pague los sueldos a tiempo. “Esta acción, esta resolución del juez permite no solamente que se paguen a tiempo los sueldos y remuneraciones sino que se permita adicionalmente que nuestras familias puedan contar con los recursos necesarios para el sustento diario”, explicó Freddy Carrión, defensor del Pueblo.
Aproximadamente 300 millones de dólares adeuda el gobierno a los servidores públicos.
