Posibles actos de falsificación de firmas y uso ilegal de claves y usuarios públicos podrían estar detrás del sorteo de medidas cautelares solicitadas por Jorge Yunda. Gabriela Beltrán, funcionaria suspendida por el Consejo de la Judicatura, denunciaría estos actos ilícitos hechos en su contra.
Su abogado, Ciro Guzmán, explica que la solicitud de Yunda fue ingresada el 7 julio en el complejo judicial de Iñaquito, y que no pudo ser recibida por su cliente, debido a que ella no labora en esas instalaciones.
Además indicó que tiene serie de pruebas y documentos que demostrarían su inocencia. Incluso se cuenta con videos de vigilancia de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde trabaja la implicada, en las que se muestra las horas de su ingreso y de su salida.
Guzmán añade que, si Gabriela tuvo la posibilidad de estar físicamente en las instalaciones de Iñaquito, ella no podía ingresar la medida cautelar porque su usuario y contraseña solo funcionan en su unidad de trabajo.
De su parte, Gabriela Beltrán asegura que fue víctima de una “red delictiva”, los cuales falsificaron su firma y robaron sus datos. Por lo tanto, debería ser eximida de la sanción de suspensión de cargos impuesta por el Consejo de la Judicatura por presunta irregularidad de procesos.
Dicha entidad hasta el momento no se ha pronunciamiento sobre el tema.
