Marco Yulema, abogado de la familia de Fernando Villavicencio, anunció que la familia presentará una denuncia por el presunto delito de omisión dolosa, en contra del Estado. El candidato presidencial fue asesinado el pasado 9 de agosto mientras participaba en un mitín político en una institución educativa al norte de la capital.
La denuncia va en contra de cinco personas: el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; Manuel Samaniego, director general de Inteligencia de la Policía Nacional; y el subdirector operativo de seguridad y protección del candidato.
Durante la rueda de prensa, jurista explicó que el Estado ecuatoriano no cumplió con su papel de garante con respecto a la seguridad y la vida de Fernando Villavicencio. Esto, aunque las entidades estatales tenían conocimiento de las amenazas de muerte que pesaban sobre el candidato, que fueron denunciadas por él mismo.
Detalló que el sistema de seguridad proporcionado por el Gobierno tuvo numerosas falencias, en la seguridad del candidato, como, por ejemplo:
- No considerar que Villavicencio tenía un nivel de riesgo del 97%.
- No se esperaron dos minutos hasta que llegue el vehículo blindado.
- No existió el número adecuado de custodios.
- El chofer de la camioneta no estaba sentado en el asiento del conductor.
- No hubo tres anillos de seguridad, ni inteligencia previa.
La acción judicial presentada ante la Fiscalía General del Estado se ampara en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el delito de asesinato, y además en el artículo 28 por omisión dolosa. El COIP, señala que la omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico, cuando se encuentra en posición de garante.
