El juez de Garantías Penales, Ismael Figueroa, dictó arresto domiciliario para el expresidente de la República Abdalá B. O. Esta medida según el Magistrado, se debe a que el procesado tiene 68 años de edad y problemas de salud.
En el inmueble, del exmandatario que fue allanado, la madrugada de este miércoles, se encontraron cajas con insumos médicos (alrededor de 5.000 mascarillas y 2.000 tests de pruebas rápidas para Covid-19), que fueron incautados como evidencias e ingresadas en cadena de custodia. Los uniformados también hallaron una pistola con varias cajas de municiones, cuya tenencia legal no pudo justificar, por lo que fue detenido y trasladado a la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo y puesto a órdenes de las autoridades judiciales.
El operativo realizado por la Policía Nacional en coordinación con Fiscalía están relacionados a la compra de insumos médicos del hospital del Seguro Social (IESS) Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. La Fiscalía investiga un presunto delito de peculado.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La instrucción fiscal durará treinta días.
La fuerza de tarea multidisciplinaria de la Fiscalía también allanó la vivienda del prefecto del Guayas, Carlos Luis M. Él y 7 personas más fueron detenidos por el presunto delito de tráfico de influencias.
Durante la audiencia de formulación de cargos el juez dispuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva: prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad y uso de dispositivo de vigilancia electrónico.
Las ocho personas fueron detenidas la madrugada y mañana de este miércoles, en varios allanamientos ejecutados en Guayaquil y Samborondón.
El operativo se ejecutó como parte de una investigación por un supuesto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas, durante la emergencia sanitaria por Covid_19 que enfrenta el país.
Durante la audiencia, la fiscal provincial de Guayas, Dra. Yanina Villagómez, presentó como principales elementos de convicción: la información extraída del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compañías y el informe de investigaciones.
Con ellos se determinó la existencia de irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas y pruebas rápidas para detectar coronavirus con presunto sobreprecio.
Estos contratos habrían sido suscritos por el Gobierno Autónomo Provincial del Guayas con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con el Prefecto del Guayas. Además, varias compañías están en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían solo “fachadas”.
