Redacción: María Emilia Vaca
A menos de dos meses de las elecciones presidenciales y el cambio de gobierno en el Ecuador, hay cuestiones no concretadas en el sector público, como es el caso de la presunta intención de privatizar el sector eléctrico.
La labor del sector eléctrico implica el 40% de la generación de movimientos en el país, pero en los últimos días, el gobierno a decretado distintos acuerdos de inversión, lo que da claras señales de las intenciones de privatizar dicha sección.
Así indicó Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, durante su intervención en el programa “A Primera Hora”, transmitido por Radio Majestad.
Albornoz, señaló que, privatizar este sector en este momento es una mala decisión, ya que, siendo esta una etapa crítica para el país en términos económicos producto de la crisis económica generada por la pandemia, este proceso implicaría varios riesgos que asumiría el estado, no los inversionistas.
En base a lo mencionado, el pasado 15 de diciembre de 2020, se adjudicó una banca de inversión privada con un contrato de aproximadamente 4 millones de dólares en la estructuración de la venta de la hidroeléctrica “Sopladora”.
El artículo 313, 315 y 316 de la Constitución establecen que, no se puede entregar a una empresa privada la operación de sectores estratégicos de la economía en el Ecuador; solo se puede realizar la negociación si el estado ecuatoriano tiene la mayor cantidad de participación.
Yendo en contra en el caso de Sopladora, donde se realizaría concesión que implicaría privatizar las centrales, por aproximadamente 900 millones de dólares por la hidroeléctrica y por ende un inevitable incremento en la tarifa eléctrica de hasta un centavo.
Albornoz aseguró que, anualmente el estado ecuatoriano invierte entre 9 y 10 millones de dólares en operar “Sopladora“, con esta transacción, los ciudadanos asumirían unos 100 millones de dólares mediante el incremento en la tarifa eléctrica.
Adicional indicó que, existe otra propuesta en juego, la que implica la adquisición de las instalaciones de “Termo Gas” por una empresa privada por un costo de 200 millones de dólares.
Anualmente el país invierte entre 50 y 60 millones de dólares en operar esta central, pero; posterior a esta negociación le costaría al rededor de 150 millones de dólares operar Termo Gas. “De acuerdo con esta propuesta, si la central no opera deberíamos reconocer como estado ecuatoriano 104 millones de dólares”, indicó Albornoz.
René Ortiz, Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, aseguró que en el primer trimestre de este año, se llevará a cabo de concesión de “Coca Codo Sinclair”, estas decisiones apresuradas le cuestan mucho dinero al país, según lo mencionado.
