España ha dado un paso histórico en la protección de los animales al reconocer legalmente a los peludos como parte de la familia. Este cambio supuso un antes y un después en la manera de entender el vínculo entre las personas y sus animales de compañía. Perros, gatos y otros compañeros dejaron de ser considerados simples objetos para ser reconocidos como seres vivos con sensibilidad, capaces de sentir y merecedores de respeto.
La reforma implicó modificaciones en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de la incorporación del artículo 333 bis en el Código Civil. Este artículo establece que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y que solo se les aplicará el régimen jurídico de los bienes cuando sea compatible con su naturaleza o con su protección. Así, el bienestar animal pasa a ser un principio rector en cualquier decisión judicial o administrativa.
Uno de los cambios más visibles se observa en los casos de separación o divorcio. A partir de la reforma, los jueces ya no pueden decidir sobre un animal de compañía como si fuera una simple pertenencia. Deben valorar su bienestar, el vínculo afectivo con cada persona y el entorno más adecuado para su cuidado. En varios fallos, los tribunales incluso han reconocido la custodia compartida de peludos, reflejando la importancia del lazo emocional entre humanos y animales.
La ley también refuerza las responsabilidades de los dueños. Tener un peludo implica garantizar su bienestar, ofrecer atención veterinaria y un entorno saludable. El abandono o el maltrato conllevan sanciones más severas e incluso procesos penales. Además, la normativa prohíbe que los animales de compañía sean embargados o usados como garantía de deudas, evitando que sean tratados como objetos con valor económico.