La prohibición del consumo de carne de perro en Corea del Sur, aprobada en enero de 2024, ha sido reconocida como un hito en materia de bienestar animal. La nueva ley prohíbe la cría, matanza, venta y consumo de carne de perro con fines alimenticios y establece un periodo de transición hasta febrero de 2027 para que los productores cierren sus granjas. Sin embargo, esta transformación ha dejado sin una solución clara a cerca de 570 mil perros que aún permanecen en instalaciones dedicadas a esta práctica, según datos de la Asociación Coreana de Bienestar Animal y Humane World for Animals Korea.
El gobierno surcoreano aseguró que no contempla la eutanasia como salida, pero organizaciones defensoras de animales advierten que, sin medidas efectivas de reubicación, los sacrificios masivos podrían ser inevitables. Hasta la fecha, 623 de las 1.537 granjas han cerrado desde la aprobación de la ley, de acuerdo con cifras oficiales, pero los refugios están al límite y los programas de adopción avanzan lentamente. Algunos grupos han recurrido a la exportación de perros hacia países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, donde hay mayor apertura para adopciones, aunque esta estrategia no alcanza a cubrir la magnitud del problema.
El Estado ofrece compensaciones de hasta 600.000 wones (aproximadamente 450 dólares) por cada perro, como incentivo a quienes cierren anticipadamente sus operaciones. Sin embargo, muchos criadores consideran insuficiente el monto y denuncian la falta de apoyo integral. Algunos incluso han amenazado con liberar a los animales cerca de zonas urbanas si no se proponen alternativas reales de transición. Esto ha generado protestas de criadores, así como divisiones entre quienes celebran el cambio cultural y quienes enfrentan una pérdida económica sin respaldo suficiente.
La transformación en la percepción social del consumo de carne de perro es evidente: según encuestas recientes, solo el 8% de los surcoreanos consumieron carne de perro en el último año, y más del 57% respalda la prohibición. Sin embargo, el proceso revela que las buenas intenciones no bastan si no se acompañan de soluciones logísticas, económicas y humanas. La ley marca un avance importante, pero el reto ahora es garantizar un futuro digno tanto para los animales como para las miles de personas que dependían de esta industria.
