La Corte Constitucional (CC) emitió tres dictámenes sobre los pedidos de Consulta Popular y de referendo constitucional, enviadas por el presidente Daniel Noboa. El primer mandatario envío 20 preguntas, de los cuales, este 26 de enero, los magistrados de la Corte Constitucional dieron paso a 10.
Tras un primer filtro, las interrogantes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de las cárceles, la tipificación de delitos vinculados con tenencia o porte de armas y el incremento de penas en delitos como el terrorismo, delincuencia organizada, entre otros, superaron el examen de constitucionalidad.
Preguntas aprobadas, de manera preliminar, para la consulta popular son:
- ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
- ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
- ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo?
- ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil?
- ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas?
- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?
- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?
- ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?
- ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización?
- ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores?
Sin embargo, hay cuatro preguntas de referendo que deberán pasar por un control adicional de forma de la misma Corte, en un plazo de 20 días. Se trata los temas de:
- Extradición de ecuatorianos.
- Establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional.
- Permisión del arbitraje internacional.
- Incorporación de contratos a plazo fijo y por horas.
Preguntas rechazadas
En cambio, la Corte Constitucional rechazó que forme parte de la consulta popular las interrogantes sobre la creación de zonas de interés nacional en la que se revoquen concesiones mineras para evitar la infiltración de la minería ilegal.
Tampoco validó la pregunta que propone reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que el presidente indulte a policías, militares y agentes de prisiones que sean imputados por delitos relacionados con el uso de la fuerza contra sospechosos de delito.
Junto a esa tampoco pasó el filtro el planteamiento para que policías y militares sean juzgados por tribunales policiales y militares en casos de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco que estos integrantes de las fuerzas de seguridad no sean ingresados en prisión preventiva mientras son procesados.
La misma opinión negativa resultó de la pregunta para evaluar a los jueces, con una auditoría a sus declaraciones patrimoniales y de la posibilidad de que el presidente pueda calificar proyectos de ley urgentes más allá de aquellos en materia económica.
