El Consejo de la Judicatura y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) suscribieron un memorando de entendimiento con el fin de seguir trabajando en conjunto para proteger y fortalecer la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el sistema de justicia ecuatoriano.
La firma del documento también busca el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades de todos los servidores judiciales, en materia de protección integral a este grupo de atención prioritaria, así como promover el intercambio de conocimientos desde un enfoque restaurativo, intercultural, de género, de derechos humanos, intergeneracional e interseccional.
La directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, indicó a este medio que, este memorando permitirá generar acciones de fortalecimiento de los mecanismos especializados de justicia y de las capacidades de las y los servidores judiciales en materia de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo así el óptimo acceso al servicio judicial.
Goyes destacó que la función judicial es fundamental para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y asegurar el acceso a la justicia. Además, el acuerdo firmado entre el Consejo de la Judicatura y UNICEF trabajará en tres ejes muy importantes para la función judicial:
- Tratamiento de casos de violencia sexual.
- Modalidades alternativas de cuidado de niños, niñas y adolescentes.
- Especialización de operadores de justicia en materia de niñez y adolescencia.
En relación a las capacitaciones a jueces, que es otro de los ejes en los que colaborará UNICEF con el Consejo de la Judicatura, Goyes indicó que los operadores de justicia que se dedican exclusivamente a las temáticas de la niñez y adolescencia, serán los primeros en recibir la capacitación.
Desde agosto de 2014 al 30 de junio 2023 se registró 61.160 procesos ingresados a las Unidades Judiciales por estos delitos sexuales, cometidos contra de niños, niñas, adolescentes y personas mayores de 18 años. De ellos, el 90% son causas por violación y abuso sexual. Del total de procesos por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el 22% son cometidos contra niñas, niños, adolescentes.
