Un perjuicio para el estado de 844’ 844 527 millones de dólares sería el resultado del desvanecimiento de 4 170 glosas realizadas por la Contraloría General del Estado durante 2007 y 2021. Así lo reveló la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el jueves 17 de junio.
De este monto, $ 666 millones serían de 19 empresas públicas. $ 122 millones de Petroecuador, entre 2009 y 2018. Y otra gran parte para el sector eléctrico y salud.
“Nuestro juez se convirtió en delincuente”, señaló Fernando Villavicencio, presidente de esta comisión al exponer las supuestas irregularidades.
La comisión además señaló que, al solicitar las resoluciones del desvanecimiento de estas glosas, la contralora, Valentina Zárate, habría respondido que “es posible que una buena cantidad de instrumentos no puedan ser entregados. Debido al incendio ocurrido en el edificio de la Contraloría General del Estado, el 12 de octubre de 2019”.
Lo que contradice a lo expresado por Pablo Celi, preso por supuesta delincuencia organizada en el caso ‘Las Torres’. Quien, días después de ocurrido el incendio, señaló que la información no se habría perdido, ya que se encontraba digitalizada en un data center.
Según Villavicencio, el organismo no tendría información digitalizada desde el año 2015 hacia atrás. “Se quemó gran parte del mapa de la corrupción de país” señaló.
Además, La vicepresidenta de la comisión, Ana belén Cordero, afirmó que según el informe del Cuerpo de Bomberos de Quito, el incendio habría sido provocado. Principalmente en los pisos donde reposaba material de archivo, predeterminaciones y responsabilidades, con respecto a glosas y otros temas sensibles.
“¿Por qué no en el tercer piso o en el séptimo?, ¿Por qué solamente en pisos donde reposan archivos en áreas críticas de contraloría General del Estado?” cuestionó la asambleísta. Añadió que la temperatura a la que ardió el edificio fue de 380 grados centígrados.
Otro de los temas mencionados por Villavicencio fue el de los exámenes especiales. Según el legislador, 583 órdenes de exámenes especiales fueron cancelados “porque no tenían plata para viáticos”.
Por su parte, Zárate afirma que, desde 2007 hasta mayo de 2021, se realizaron 30 mil exámenes de control. De los cuales, 3 205 derivaron en informes de responsabilidad penal. Por lo que, según Villavicencio, deberían existir igual número de procesos penales por peculado o delitos similares en fiscalía. Sin embargo, aseguró que no existe ni un solo funcionario enjuiciado por este delito.
“Los gobiernos autónomos descentralizados, ellos son el principal nicho de corrupción. Que tiene como marca informes con responsabilidad penal”, aseguró Villavicencio. Asimismo, mencionó a la Comisión de tránsito del Guayas, aduana y Petroecuador, organismos que también tendrían informes de responsabilidad penal.
Juicio político en contra de Celi
La comisión aseguró que enviaran un informe a la fiscalía para que abra las investigaciones correspondientes. E hicieron un pedido a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe LLori. Para que se incluya en el orden del día del Pleno, una resolución sobre los plazos para el trámite de los juicios políticos. En contra René Ortiz y Pablo Celi.
Por último, el legislador Pedro Velazco, planteó la necesidad de reformar la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley Orgánica de la Contratación Pública. Para permitir que se detecte a tiempo indicios de responsabilidad en las instituciones y frenar la corrupción.
