Con 79 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó una ley que marca un antes y un después en la defensa de los derechos laborales de los servidores públicos con discapacidad, enfermedades raras, huérfanas, catastróficas o de alta complejidad, así como de sus sustitutos. A partir de ahora, no podrán ser despedidos por su condición médica, y en caso de hacerlo, el despido será considerado nulo. Además, deberán ser reintegrados a sus puestos con todos sus derechos.
Entre los nuevos beneficios, destaca el acceso a licencias médicas remuneradas sin límite de tiempo, siempre que se justifiquen con la certificación médica correspondiente. Estas ausencias no se descontarán del salario ni de las vacaciones. La ley también prohíbe expresamente cualquier forma de acoso laboral o maltrato motivado por razones de salud, incluyendo hostigamientos, intimidaciones o amenazas dentro del entorno institucional.
Las personas con contratos ocasionales o nombramientos provisionales también están protegidas: ya no podrán ser desvinculadas unilateralmente, y en caso de una reestructuración institucional, deberán ser reubicadas en otro cargo de igual jerarquía. Incluso en los procesos de supresión de puestos, su estabilidad estará garantizada. Además, se reconoce la figura del sustituto como sujeto de protección, lo que incluye a quienes cuidan directamente a personas con estas condiciones.
Esta reforma responde a una deuda histórica. Como señalaron las legisladoras Johanna Ortiz y Mabel Méndez, no se trata de un favor ni una excepción, sino de una medida de justicia social. La ley no solo reforma ocho cuerpos legales, sino que humaniza el derecho laboral y sienta las bases para un verdadero sistema de protección transversal en el sector público. Hoy, Ecuador da un paso firme hacia la inclusión y el respeto de la dignidad de quienes han sido invisibilizados.
