Jueza de Pichincha dictó arresto domiciliario con vigilancia policial para el expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, debido a su edad, y prisión preventiva contra los 3 agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito: Leandro B., Samuel S. y Clever A. Ellos son procesados por presunta delincuencia organizada. Lo agentes serán llevados inicialmente a la Cárcel de El Inca.
Este es el tercer proceso judicial en contra del exmandatario. La Fiscalía lo investiga por Tráfico de Armas, de Bienes Patrimoniales y ahora pr Delincuencia organizada.
Hasta ahora Bucaram solo debía portar un grillete electrónico y presentarse cada semana ante la autoridad competente. Desde este jueves 13 de agosto no podrá salir de su domicilio, ubicado en la ciudadela Kennedy, norte de Guayaquil. En su cuenta de twitter escribió que ya está en su casa.
Este miércoles, 12 de agosto, la casa del Expresidente fue allanada. Un fuerte contingente Policial fuertemente armado ingresó a su vivienda y posteriormente a su dormitorio. Bucaram despertó con un arma en su rostro.
La audiencia que duró alrededor de cinco horas, se llevó a cabo en la Unidad de Flagrancia de Quito, ubicada al norte de la capital. Según la Fiscalía la capital tiene la jurisdicción del proceso debido a que en esta ciudad se habría hecho la compra y venta de insumos médicos sin respaldo legal, la adulteración de documentos diplomáticos y la suplantación de identidad.
Los tres agentes de la AMT participaron de forma presencial, mientras que el expresidente lo hizo de forma telemática desde el Cuartel Modelo en Guayaquil.
Aunque se tenía previsto que el Expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram sea trasladado desde Guayaquil a Quito, finalmente un quebranto en su salud impidió que sea movilizado.
El pasado domingo, Abdalá Bucaram, anunció que sería candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del 2021.
En este caso se investiga la relación de Abdalá y Jacobo Bucaram con los ciudadanos israelíes identificados como Shy Dahan (asesinado) y Oren Sheinman, quienes aseguraron que vendieron insumos médicos a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del exmandatario.
Los tres uniformados que formaban parte de la caravana presidencial habrían brindado protección los israelíes para evitar los controles que se dispusieron en las calles durante la emergencia sanitaria.
El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal indica que el delito de delincuencia organizada, que tiene como como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.
