El alcalde de Quito, Pabel Muñoz rechazó que un juez de Portoviejo impida a Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Latacunga y más provincias que en sus procesos de compra pública incluyan a organizaciones de la economía popular y solidaria y respaldó a estas organizaciones que actualmente trabajan como contratistas del Municipio de Quito.
En el caso más reciente, un juez determinó que es impertinente que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) hagan compras públicas a través de la figura de ferias inclusivas. EN este sentido, el Código Municipal ordena que todas las dependencias adscritas al GAD DMQ deben destinar un 10% de su presupuesto anual en contrataciones en favor de la economía popular y solidaria.
De acuerdo al burgomaestre, las compras públicas pueden mover 10 mil millones de dólares en el nivel central. En el caso de la capital, más de 170 millones de dólares, se invirtieron en ese sistema. Señaló que, a las organizaciones de la economía popular y solidaria hay que verlas como un motor de desarrollo.
Por eso rechazó las medidas cautelares que pesan sobre las ferias inclusivas del Distrito Metropolitano de Quito. Le preocupa que más de 6 000 fuentes de empleo directa sean afectadas por la medida cautelar. “Es una barbaridad que en todo el sistema de contratación pública queden eliminadas las figuras que están en representación de las economías populares y solidarias”, añadió.
Muñoz hizo un llamado a la Corte Constitucional, para que actúe sobre esto, que termina siendo un grave perjuicio para todos. “Primero para la economía popular y solidaria, que no puede conectarse con la compra pública; para alcaldías y prefecturas, porque terminaría direccionando sus compras a los grandes proveedores”, dijo el alcalde.
