Los hechos de octubre del año pasado se revivieron este 31 de octubre de 2020 en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Actualmente, se tramita la cuarta solicitud de juicio político en contra de Maria Paula Romo, Ministra de Gobierno.
Romo agradeció al Comandante General de la Policía, Patricio Carillo, y otros uniformados que la acompañaron desde Carondelet para ejercer su defensa ante los comisionados interpelantes, Amapola Naranjo, Lourdes Cuesta y Roberto Gómez.
La funcionaria argumentó que en octubre de 2019 quienes estuvieron en las calles “no fueron ciudadanos preocupados por la angustia de que iba a cambiar el precio que paga por el pasaje de bus”, y por lo tanto “la Policía respondió a la violencia extrema que vivió el país durante esos días”.
Durante la sesión virtual se observó un compilado de imágenes de policías agrediendo a ciudadanos, uniformados pasando las motos sobre los cuerpos de manifestantes; el momento en que tres jóvenes cayeron de un puente en el sector de San Roque, mientras policías repelían a quienes protestaban.
Otros videos mostraron a madres e infantes de la maternidad en cuyos exteriores se usaron bombas lacrimógenas; además de los exteriores del Agora de la Casa de la Cultura, en donde permanecían niños junto a las comunidades indigenas que se concentraron en el lugar y que también fueron agredidos.
También varios eventos en los que periodistas recibieron insultos y golpes por parte de policías, mientras ejercían su labor de registrar los hechos.
Los asambleístas que auspician la acción fiscalizadora, cuestionaron a la Ministra Romo.
Roberto Gómez insistió en la presentación de pruebas para sustentar el incumplimiento de funciones de Romo, y aclaró que se cuestiona a la Ministra de Gobierno, y no a la Policía Nacional.
La legisladora Amapola Naranjo, en su intervención, se enfocó en los ataques a manifestantes y no manifestantes y reprochó la actuación de la institución dirigida por la interpelada.
Entre los reclamos a la funcionara se habló el uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de los manifestantes y el lanzamiento de las mismas en zonas de paz, el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y la agresión a periodistas.
Respecto de las acusaciones, Romo señaló que el año pasado no hubo una zona de combate y en su momento pidió las debidas disculpas y asumió el compromiso de que no volvería a ocurrir.
En cuanto a las bombas lacrimógenas caducadas, afirmó que no generan daño a la población. Presentó dos informes de empresas que sostienen este argumento.
Frente a los señalamientos por los 11 fallecidos y heridos durante las protestas de 2019, la Secretaria de Estado afirmó que no existe ni un solo fallecido por responsabilidad o por disparo de arma de fuego de la Policía; los muertos responden a accidentes, a incendios provocados por los manifestantes, aclaró.
María Paula Romo insistió en el rol de la Policía para mantener el orden público. “Defiendo y respaldo las actuaciones operativas que se dieron en el momento”, puntualizó.
Según la funcionaria, en octubre del año pasado hubo quienes buscaban subvertir el orden, crear el caos, con acciones de violencia organizada. Por ello, hubo la toma de 11 pozos petroleros, la suspensión de más de 200 vuelos, el incendio de edificios públicos, la toma de gobernaciones, el secuestro de policías y militares, entre otros hechos contrarios a la ley.
Durante la jornada previa, la Comisión de Fiscalización recibió a los afectados y víctimas, cuyas versiones acusan a la Policía de uso excesivo de la fuerza. Participaron personas que fueron atacadas con bombas y perdieron uno de sus ojos, familiares de los fallecidos, periodistas, y líderes indígenas.
