La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley Penal Juvenil que introduce la posibilidad de imponer cadena perpetua a menores de entre 12 y 18 años vinculados a estructuras de crimen organizado. Con esta modificación, se eliminan los límites máximos de internamiento que antes eran de 10 años para adolescentes entre 12 y 15 años, y de hasta 20 años para quienes tenían entre 16 y 18.
Este cambio representa una ruptura con el principio de justicia juvenil que había predominado durante años, basado en la idea de que los adolescentes requieren un tratamiento diferenciado al de los adultos. De acuerdo con la especialista María de Lourdes Miranda, los jóvenes aún no han alcanzado un desarrollo cognitivo y emocional completo, lo que influye en su comportamiento y en la forma en que toman decisiones.
La experta también advierte que este tipo de medidas punitivas no abordan las causas estructurales del problema. Muchos adolescentes que terminan vinculados a actividades delictivas provienen de contextos de pobreza, exclusión social y falta de acceso a derechos básicos como educación, alimentación o protección familiar. En estos entornos, las pandillas suelen convertirse en espacios de pertenencia y supervivencia.
Además, estudios criminológicos señalan que una gran parte de los adolescentes que cometen delitos dejan de hacerlo al alcanzar la adultez, cuando su desarrollo cerebral madura. Por ello, el debate no solo gira en torno a las sanciones, sino a la efectividad de las políticas públicas. Especialistas coinciden en que la prevención, la reintegración social y el acceso a oportunidades son elementos clave para reducir la violencia y evitar que más jóvenes ingresen a dinámicas delictivas.