La reciente aprobación en Italia de una ley que tipifica el feminicidio como un delito autónomo y lo castiga con cadena perpetua marca un acontecimiento histórico en la lucha contra la violencia de género. La decisión fue tomada por la Cámara de los Diputados de manera unánime, consolidando un proyecto que ya había superado el trámite en el Senado y que reforma el artículo 577 del Código Penal italiano. Con esta modificación, se reconoce jurídicamente la especificidad del feminicidio como un crimen motivado por el odio, la discriminación o el control sobre la mujer por razones de género.
La ley establece que el feminicidio abarca no solo los asesinatos cometidos por parejas o exparejas, sino también aquellos impulsados por represalias cuando una mujer decide no iniciar o no continuar una relación afectiva. Esta precisión legal permite identificar de forma más clara el componente estructural y social de la violencia femicida, reconociendo que no se trata de homicidios aislados, sino de una manifestación extrema de desigualdad y opresión.
Además de la tipificación penal, la normativa incorpora medidas de protección y apoyo para las víctimas indirectas de estos crímenes, como los huérfanos de feminicidio, ampliando los criterios para acceder a indemnizaciones. También asigna fondos adicionales para las casas refugio, que desempeñan un papel esencial en la protección y recuperación de mujeres en riesgo. Estas medidas buscan atender no solo la dimensión punitiva, sino también la social y preventivas de la violencia de género.
Un aspecto destacado de la ley es la obligación del ministro de Justicia de comparecer anualmente para presentar un informe sobre la evolución del feminicidio en el país. Así, el Estado adquiere un compromiso permanente de evaluación y acción frente a esta problemática.