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sábado, julio 19, 2025
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Federación Médica Ecuatoriana y pacientes renales piden ayuda a organismos internacionales

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Más de 19.000 pacientes renales en Ecuador enfrentan una crisis sanitaria alarmante debido a la falta de garantías para acceder a tratamientos de diálisis. Frente a esta grave situación, el Frente de Pacientes Renales del Ecuador y la Federación Médica Ecuatoriana emitieron un Manifiesto Urgente dirigido a cinco organismos internacionales, solicitando su intervención técnica, financiera y humanitaria. El Estado ecuatoriano ha omitido su responsabilidad, agravando una problemática que pone en riesgo miles de vidas y que no ha sido visibilizada con la seriedad que amerita.

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Más de 19.000 pacientes renales en Ecuador enfrentan una crisis sanitaria alarmante debido a la falta de garantías para acceder a tratamientos de diálisis. Frente a esta grave situación, el Frente de Pacientes Renales del Ecuador y la Federación Médica Ecuatoriana emitieron un Manifiesto Urgente dirigido a cinco organismos internacionales, solicitando su intervención técnica, financiera y humanitaria. El Estado ecuatoriano ha omitido su responsabilidad, agravando una problemática que pone en riesgo miles de vidas y que no ha sido visibilizada con la seriedad que amerita.

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El tratamiento de diálisis no es opcional: no realizarse diálisis puede tener consecuencias fatales para quienes viven con enfermedad renal crónica. En este contexto, el manifiesto fue enviado a la OPS, Naciones Unidas, el Gobierno de EE.UU., la Comunidad Europea, el Banco Mundial y el BID. Estas entidades son llamadas a actuar como mediadoras ante el Gobierno Nacional y ayudar a diseñar un plan de atención emergente para los pacientes renales, así como activar fondos de contingencia que garanticen el tratamiento continuo.

Además, el costo del tratamiento es extremadamente alto. Cada paciente necesita, en promedio, tres sesiones semanales de diálisis, lo que representa un gasto mensual de entre 1.200 y 1.500 dólares por persona. Sin el pago oportuno del Estado a las prestadoras de salud, los centros de diálisis colapsan y los pacientes quedan sin atención. Actualmente, la deuda del Estado con estas entidades supera los 300 millones de dólares, y no se han tomado medidas urgentes para saldarla.

Los voceros del Frente y representantes médicos han enviado múltiples cartas al presidente de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Finanzas y a la Asamblea Nacional, pero no han recibido respuesta alguna. Esta omisión sistemática representa una grave violación a los derechos humanos. Hacen un llamado urgente no solo a las autoridades, sino también a la sociedad civil: este no es solo un tema técnico o económico, es un problema de vida o muerte que requiere acción inmediata.

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